SIN INVERSION NO HAY EDUCACION

SIN INVERSION NO HAY EDUCACION

En marzo de este año, las organizaciones miembros de la Campaña Mundial por la Educación (CME) lanzábamos #MilMillonesdeVoces, una iniciativa global en la que solicitábamos a toda la comunidad internacional que abandonaran la retórica sobre el valor de la educación y aportaran fondos nuevos y suficientes para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº4 (ODS4) de la Agenda 2030, que exige garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad para todas las personas en el mundo.


Es difícil encontrar a algún gobierno que, públicamente, desautorice o minimice las inversiones en la educación de su ciudadanía. Es casi imposible encontrar a alguno que no hable del valor que ésta tiene para las personas individuales y como sociedades, pero sin embargo, al hablar de presupuesto las cosas cambian y muchas veces se priorizan otras partidas. La realidad es que la inversión en terrenos como la salud o la educación, si hablamos de servicios de calidad, no son pequeñas, ni deben de serlo, ni debe esperarse más beneficio que el bienestar individual y social presente y futuro de la ciudadanía y el país. Seguramente, en una charla sosegada, estas políticas, la educativa o la sanitaria, sean aquellas que la ciudadanía está más dispuesta a dotar en el largo plazo, a pesar de algunos representantes políticos que consideran esta obligación (la educación es un derecho y los estados deben de garantizarla) como una graciosa dádiva o concesión que se da o no a su ciudadanía, dependiendo de las cambiantes circunstancias del contexto.


Los datos de la educación, mejor dicho, de la no educación, siguen siendo escandalosos en el mundo. Ya antes del estallido de la pandemia había 258 millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo sin escolarizar, y otros muchos millones más escolarizados, pero recibiendo una educación de mala calidad que no será valiosa para su futuro.


Muchas han sido las llamadas por parte de los organismos internacionales de naciones Unidas y otras agencias internacionales y ONG para que los gobiernos y la comunidad internacional en su conjunto comprometiera los recursos económicos necesarios para lograr alcanzar en 2030 el ODS4. Entre estas peticiones de auxilio y de llamada a la responsabilidad compartida que se espera de la comunidad de países donantes, entre los que España se encuentra, la Alianza Mundial por la Educación (AME) /Global Partnership for Education (GPE) solicitó a la comunidad internacional compromisos por valor de 5.000 millones de dólares para el periodo 2021–2025 para financiar su labor. Con estos recursos, la AME podría conseguir que 175 millones de niños y niñas recibieran una educación de mejor calidad, escolarizar a 88 millones y formar a 2,2 millones de docentes.


La AME es un fondo orientado exclusivamente a conseguir que el ODS4 se cumpla en 2030 y que apoya a 90 países. Los países dotan a este fondo que recibe por otro lado las necesidades de los planes educativos de los países menos desarrollados, se trata pues de complementar y ayudar a la financiación de los planes nacionales educativos en total coordinación entre donantes, países receptores, ONG y otras agencias intencionales. Para recibir fondos de la AME los gobiernos receptores se comprometen a realizar aumentos cuantiosos en sus presupuestos nacionales para la educación. Es pues una cantidad suplementaria al obligatorio esfuerzo del propio país. En 2019, el 76% de la financiación de AME fue a parar a países afectados por los conflictos.

En julio, durante una Cumbre Mundial celebrada en Londres, se esperaban los compromisos gubernamentales para la AME. El Gobierno español comprometió la cantidad de, al menos, 20 millones de euros para el periodo 2021-2025, una buena noticia si tenemos en cuenta que la última contribución al fondo por parte de España para el periodo 2018-2020, fue de 1,5 millones de euros, una cantidad menor a la que comprometió en aquel entonces el gobierno de Senegal. Los 20 millones de compromiso mínimo para este periodo 2021-2025 son pues un notable incremento, aunque lejos de lo que se esperaba para un país como España, al que se pedía un compromiso de 100 millones, en línea con lo que aportan donantes de peso similar en el contexto mundial.

El hablar ahora de un anuncio de nuestro gobierno de julio viene dado porque en estos días se comenzarán a discutir en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2022. En estos presupuestos el gobierno propone un incremento de la partida de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que llegaría al 0,28% del PIB. Es de esta partida de donde salen las financiaciones de compromisos como el de la AME. Este incremento en la partida de ayuda a los países más vulnerables supondría un 12% más con respecto al presupuesto de 2021 y supone aliento para que nuestro país supere pronto la anomalía de ser uno de los miembros de la Unión Europea que menos porcentaje de su PIB dedica a la AOD (según los datos de 2020, sólo un 0,22%, por detrás de países como Hungría y lejos de la media de la UE que llega al 0,5%).

Desde las organizaciones de la CME venimos solicitando a los gobiernos donantes como el nuestro que el 20% de la AOD se destine a acciones y programas educativos. Estamos convencidas que no habrá desarrollo ni posibilidades de eliminar las causas de la pobreza sin una educación de calidad para todos y todas. El contexto extraordinario de la pandemia exige de gestos y compromisos acordes con los retos que tenemos como sociedades, siendo el de la educación un derecho y un pilar indiscutible para la construcción de sociedades más justas, solidarias y sostenibles.