Afrontando la crisis para una recuperación transformadora

Afrontando la crisis para una recuperación transformadora

El pasado martes 21 de julio, la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya presentó ante el Consejo de Ministros la Estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española a la crisis del COVID-19, titulada “Afrontando la crisis para una recuperación transformadora”. Esta Estrategia, elaborada conjuntamente con los distintos actores de la cooperación española, entre los que se encuentra la CME, presenta las principales prioridades, ámbitos de respuesta, directrices y recursos con los que se prevé hacer frente a la crisis del coronavirus desde el ámbito de la cooperación, a la que se reconoce como una política de estado más necesaria que nunca en el contexto actual. 

Además de destacar la importancia de reformar y fortalecer el sistema español de cooperación, la nueva Estrategia hace hincapié en la vigencia de la Agenda 2030, así como en la necesidad de reforzar la cooperación en bienes públicos globales y el nexo entre lo humanitario y el desarrollo. Asimismo, el documento se plantea como una visión de futuro para el conjunto de la cooperación española, poniendo en valor su riqueza y la importancia tanto de contribuir al desarrollo de otros países como de  aprender de sus buenas prácticas, en ámbitos tan destacados como el cambio climático, las migraciones o la brecha de género. 

La educación, mencionada trece veces en el documento, aparece también como un elemento fundamental en el marco de las prioridades establecidas por la Estrategia, que a su vez se están alineadas con los ámbitos prioritarios de la Estrategia Europea. En la primera de ellas,  “Salvar vidas y reforzar los sistemas de salud pública”, se hace referencia a la necesidad de preservar el derecho a la educación en tanto que elemento de protección, especialmente en situaciones de emergencia. La segunda prioridad es la más vinculada a la educación, ya que tiene que ver con “Proteger y recuperar los derechos y reforzar las capacidades de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión”, destacando en segundo lugar (tras el derecho a la alimentación) el derecho a la educación, y en concreto la necesidad de adoptar medidas que protejan este derecho para todas las personas, especialmente las más vulnerables, una cuestión que se repite de nuevo al hablar de la protección de los derechos de la infancia. Por último, y a pesar de que no se menciona explícitamente, la tercera prioridad del documento de estrategia también está relacionada con la educación, al menos  indirectamente, ya que tiene que ver con “Preservar y transformar los sistemas socioeconómicos, recuperar el tejido productivo y reforzar la gobernabilidad democrática”.

Se prevé que estas tres prioridades se materialicen a través de cuatro ámbitos de respuesta: la acción humanitaria y la ayuda de emergencia; el fortalecimiento del multilateralismo, las alianzas y, por último pero no por ello menos importante, un movimiento ciudadano local y global. En este sentido, la Estrategia plantea esta crisis como una oportunidad para transformar el modelo económico y social en el que vivimos, a través de una ciudadanía informada y comprometida, para lo cual es imprescindible el fortalecimiento de la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global (EpCG), a la que se dedica un epígrafe completo del documento. En esta línea se prevé, entre otras cosas, desarrollar un plan de acción común y articulado de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global en el marco del COVID-19, impulsado por las administraciones autonómicas y locales, a quienes se considera un agente fundamental en el desarrollo de esta línea de trabajo. Asimismo, se promoverá la EpcG tanto en el ámbito de la educación formal (en coordinación con el Ministerio y las Consejerías de Educación) como de la educación no formal, a través de las organizaciones de la sociedad civil.

Por último, la estrategia se completa con doce directrices clave que regirán su implementación, así como un plan de seguimiento y evaluación que contempla la voluntad de España de solicitar que en 2021 se convoque una reunión especial del más alto nivel del Foro Político de Alto Nivel para el Seguimiento de la Agenda 2030 con el objetivo de que, bajo el auspicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se relance la década de acción para el cumplimiento de la Agenda 2030. Asimismo, el documento cuantifica los recursos que el Gobierno tiene previsto dedicar inicialmente a la implementación de esta Estrategia (2020 – 2021), desglosando algunos de ellos. 

Desde la CME valoramos muy positivamente esta Estrategia, tanto en su proceso de elaboración en consulta con los agentes sociales como en su contenido, que refleja los retos a los que nos enfrentamos, especialmente tras esta crisis sin precedentes, y apuesta por soluciones globales y basadas en la cooperación y el multilateralismo. Coincidimos en la identificación de los retos prioritarios que se plantean (respuesta a la COVID-19, necesidad de reforzar los bienes públicos globales y la protección social, crisis climática),  el compromiso con la Agenda 2030 como la única hoja de ruta común posible para superar la crisis y avanzar en un verdadero desarrollo sostenible, y el reconocimiento del devastador impacto que la COVID-19 ha supuesto y está suponiendo para el derecho a la educación; en este sentido, aplaudimos también la importancia otorgada a la educación, y muy especialmente a la educación para la ciudadanía, como catalizador clave para cumplir con el lema que debe seguir inspirando a quienes trabajamos en este ámbito: no dejar a nadie atrás.

No obstante, esperamos también que la prioridad que ocupa el ámbito educativo se vea respaldada por una financiación suficiente que permita hacer frente a los retos que identifica la propia Estrategia, así como aprovechar verdaderamente el poder de la educación para erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y hacer frente a la crisis climática. Por eso, emplazamos a todos los agentes implicados (Gobierno, administraciones, partidos políticos, sector privado y sociedad civil) a que contribuyan a hacer de España un donante verdaderamente comprometido con la educación, cuyo papel tras esta crisis es aún más relevante.