Día Internacional de la Educación: el reto de no dejar a nadie atrás

Día Internacional de la Educación: el reto de no dejar a nadie atrás

Los desafíos de garantizar el derecho a la educación para los desplazados internos, los solicitantes de asilo y los refugiados

Declaración de la Campaña Mundial por la Educación para el Día Internacional de la Educación 2020: «Educación para las personas, el planeta, la prosperidad y la paz».

La Campaña Mundial por la Educación (CME) se une a la celebración del Día Internacional de la Educación, reivindicando el potencial transformador de este derecho esencial, que es además un catalizador fundamental para la protección de las personas, el cuidado del planeta, la prosperidad y la paz. Hoy es un día importante el movimiento de la CME, que renueva una vez más su compromiso con el cumplimiento de la Agenda 2030 y en especial del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Este compromiso resulta aún más importante si se tiene en cuenta que millones de personas aún se ven privadas de este derecho. Concretamente, y según los últimos datos de UNESCO, 2018 había 258,4 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin escolarizar. Esta cifra supone una sexta parte de las personas en esta franja de edad, y equivale a más de la mitad de la población de la UE (513,4 millones de personas UE 28, contando con Reino Unido). En el marco de nuestro mandato de hacer avanzar el cumplimiento del derecho a la educación para todos y todas, y especialmente de las poblaciones más excluidas, la CME quiere poner el foco en las dificultades a las que se enfrentan las personas desplazadas internas, solicitantes de asilo y refugiadas a la hora de ejercer este derecho fundamental, fundamentalmente a causa de los conflictos y los desastres relacionados con el cambio climático.

De acuerdo con los datos de ACNUR, a finales de 2018 había en el mundo aproximadamente 41,3 millones de desplazados internos, 25,9 millones de refugiados y 3,5 millones de solicitantes de asilo; así, la cifra total de personas desplazadas (interna o externamente) alcanzó la cifra récord de 70,8 millones.[1] Además de la pérdida de los medios de vida y de los vínculos socioculturales de estas personas con respecto a sus comunidades, este tipo de desplazamientos forzosos suelen llevar aparejada también la pérdida de oportunidades educativas. Estos movimientos de personas, especialmente cuando se producen de forma repentina y masiva, también plantean retos para los sistemas educativos de los países de acogida. Como CME, nos preocupa profundamente el hecho de que más de la mitad de los menores en situación de desplazamiento no pueden ir al colegio. Tan sólo 6 de cada 10 niños y niñas en contextos de refugio cursan la educación primaria, cifra que se reduce a 2 de cada 10 en el caso de la secundaria, mientras que únicamente el 1% de los y las jóvenes en esta situación tienen acceso a educación superior. Las niñas se ven especialmente afectadas, ya que además están expuestas a un mayor riesgo de sufrir explotación y abusos, abandono escolar y problemas psicosociales. El desplazamiento y la migración constituyen un obstáculo importante para el derecho a la educación de estos millones de personas en países de todo el mundo, desde los países de renta baja en África, Asia y Centroamérica, hasta los países de renta media Oriente Medio y América Latina, e incluso en países ricos en el corazón de Europa y Norteamérica. Las personas que se han enfrentado a una situación de desplazamiento forzoso se enfrentan sistemáticamente a dificultades para acceder a la educación a todos los niveles y, a largo plazo, esta falta de oportunidades educativas termina condenando a estas personas a la pobreza, además de suponer un considerable desperdicio de talento y habilidades para el desarrollo social.

A pesar de que los actuales sistemas educativos están dejando atrás a millones de personas (niños y niñas, jóvenes) en situación de desplazamiento forzoso, lo cierto es que las respuestas humanitarias a las catástrofes y conflictos que provocan en gran medida estos desplazamientos tienden a centrarse únicamente en la provisión de refugio, alimentos y saneamiento. Sin embargo, la educación para los desplazados internos, los refugiados y los solicitantes de asilo requiere atención inmediata, no solo porque es un derecho humano fundamental para todas las personas sino porque, además, la educación representa una mejora de sus oportunidades de independencia y autonomía.

Existen distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan de forma vinculante a que los Estados garanticen el derecho a la educación de estas personas, entre otros el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea (revisada) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y, especialmente en lo referido a la población refugiada, la Declaración de Nueva York para refugiados y migrantes, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo y la Convención sobre los Trabajadores Migrantes reiteran el derecho a la elección educativa y la obligación de los Estados firmantes de aceptar a los refugiados con el mismo trato que se le concede a un ciudadano nacido en el país con respecto a la «educación primaria» y a garantizar la «igualdad de oportunidades» con respecto a la educación no primaria. Además, según el Comité de los Derechos del Niño (Observación general Nº 6), la igualdad de trato independientemente de la nacionalidad, el estado migratorio o la apátrida también debe garantizarse a los niños no acompañados y separados.

La CME está preocupada por el hecho de que los refugiados y las personas desplazadas suelen quedar excluidas de los sistemas educativos, o bien matricularse en “sistemas paralelos”. La población desplazada, tanto dentro como fuera de sus fronteras, sufre una grave desigualdad en términos de acceso a la educación. En el corazón de Europa, los niños y niñas con un bajo desempeño escolar quedan excluido de los centros educativos y, en muchos de casos, son transferidos a cursos más informales. Otros casos son los de jóvenes refugiados que optan por opciones educativas más sencillas, limitando sus oportunidades de acceder a educación superior.

En este contexto, la Campaña Mundial por la Educación instan a los Gobiernos y a la comunidad internacional a desarrollar e implementar marcos integrales que garanticen a una educación de calidad para los desplazados internos, las personas solicitantes de asilo y las personas refugiadas de todo el mundo. Asimismo, es imprescindible que se garanticen los fondos necesarios para abordar las necesidades educativas en distintos contextos de emergencia y post-emergencia, por ejemplo para la reconstrucción de las instalaciones escolares, y la adaptación tanto de las escuelas como de los propios sistemas educativos, de manera que sean capaces de atender las necesidades específicas de las personas desplazadas (como el idioma de enseñanza, la adaptación cultural de los planes de estudios, o el  apoyo emocional y psicológico cuando sea necesario). La CME está impulsando una campaña en todo el mundo para que los Gobiernos y la comunidad internacional muestren un compromiso económico más ambicioso que permita garantizar el derecho a la educación para todas las personas, incluyendo los desplazados internos, los refugiados y los solicitantes de asilo. Sólo a través de unos sistemas educativos inclusivos, políticas integrales y financiación suficiente seremos capaces de que las personas desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo no se queden atrás.


[1] ACNUR, Junio 2019