01 Mar Promoviendo y defendiendo los derechos de 84 millones de personas con discapacidad en África
El Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en África, un instrumento de la Unión Africana, fue adoptado en la 30ª Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Unión Africana, celebrada en Addis Abeba el 30 Enero de 2018. Este protocolo histórico, que se ha estado desarrollando desde 1999, se centra específicamente en promover y defender los derechos de los 84 millones de personas con discapacidad que viven en África.
En un comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Catalina Devandas, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, afirmó la importancia del Protocolo y afirmó que «debería conducir a mejoras considerables en la vida de las personas con discapacidad«. La Sra. Devandas alentó a los 53 Estados Parte de la Carta Africana a ratificar el protocolo, que entrará en vigor 30 días después de la ratificación por 15 o más de los Estados Partes.
El artículo 12 del Protocolo aborda específicamente el derecho a la educación de las personas con discapacidad y contiene las siguientes disposiciones:
1. Toda persona con una discapacidad tiene derecho a la educación.
2. Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad el derecho a la educación en igualdad de condiciones con los demás. En ningún caso se presumirá que las personas con discapacidad son ineducables o no capacitables.
3. La educación de las personas con discapacidad se dirigirá a:
- El pleno desarrollo del potencial humano, el sentido de la dignidad y la autoestima;
- El desarrollo de las personas con discapacidad de su personalidad, talentos, habilidades, profesionalismo y creatividad, así como sus capacidades mentales y físicas, en todo su potencial;
- Educar a las personas con discapacidad de una manera que promueva su participación e inclusión en la sociedad;
- La preservación y el fortalecimiento de los valores africanos positivos.
4. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas y efectivas para garantizar que la educación de calidad para las personas con discapacidad se realiza plenamente:
- Asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a educación básica y secundaria gratuita, de calidad y obligatoria;
- Garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación terciaria general, la formación profesional, la educación de adultos y el aprendizaje permanente sin discriminación y en igualdad de condiciones con otras personas, incluida la alfabetización de las personas con discapacidad por encima de la edad de escolarización obligatoria;
- Se garantiza la adaptación razonable de los requisitos de la persona y que las personas con discapacidad reciben el apoyo necesario para facilitar su educación efectiva;
- Asegurar que las medidas de apoyo individualizadas y efectivas se brinden en entornos que maximicen el desarrollo académico y social, en consonancia con el objetivo de la inclusión total;
- Garantizar que las personas con discapacidades tengan disponibles opciones de escolarización adecuadas que quizás prefieran aprender en entornos particulares;
- Asegurar que las personas con discapacidad aprendan habilidades de desarrollo social y de vida para facilitar su participación plena y en pie de igualdad en la educación y como miembros de la comunidad;
- Asegurar que se lleven a cabo evaluaciones multidisciplinarias para determinar ajustes razonables apropiados y medidas de apoyo para los alumnos con discapacidades, y que las evaluaciones y certificaciones regulares para los estudiantes se realicen independientemente de sus discapacidades;
- Capacitar a profesionales de la educación, incluidas las personas con discapacidad, sobre cómo educar e interactuar con niños con necesidades específicas de aprendizaje;
- Facilitar el respeto, la promoción, la preservación y el desarrollo del lenguaje de señas.
Desde una perspectiva del derecho a la educación, las disposiciones del Protocolo se ajustan en gran medida al artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Sin embargo, la CDPD, en el artículo 24 (2) (a), promueve un sistema educativo inclusivo para todos los estudiantes y reconoce los efectos perjudiciales en las personas con discapacidad de la exclusión del sistema educativo convencional al verse obligados a ingresar a escuelas «especiales». . Además, el Comentario General 4 de la CRPD deja en claro que excluir o segregar a las personas con discapacidades del sistema de educación general constituye discriminación. No obstante, el Artículo 12 (4) (e) del Protocolo parece no estar de acuerdo con el objetivo general de la educación inclusiva, según lo establecido por el comité de la CDPD en la Observación general 4, en la medida en que ofrece a las personas con discapacidad la opción de optar por la educación convencional mediante ‘[s] nsuring las opciones de escolarización apropiadas están disponibles para las personas con discapacidad que pueden preferir aprender en entornos particulares’ (Protocolo 12 (4) (e)).
Por el contrario, el Protocolo amplía el alcance normativo del derecho a la educación de las personas con discapacidad tal como se establece en el derecho internacional en relación con la calidad gratuita y la educación básica y secundaria obligatoria, no simplemente la educación primaria obligatoria (PIDESC, artículo 13 (2) (a ), CRPD 24 (2) (b)), y también asegurando que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación terciaria general, la formación profesional, la educación de adultos y el aprendizaje permanente »(Protocolo 12 (4) (b))