Balance y perspectivas tras la Conferencia de re abastecimiento de la Alianza Mundial por la Educación (AME)

Nosotros, representantes de organizaciones nacionales, regionales e internacionales no gubernamentales, y organizaciones de la sociedad civil de todas las regiones del mundo, nos hemos reunido en el evento de las OSC en Dakar, Senegal, el 31 de enero de 2018. Este evento, organizado conjuntamente entre la Campaña Mundial por la Educación (CME), la Campaña de la Red Africana por la Educación para Todos (ANCEFA) y la Coalition des Organisations en SYnergie pour la Défense de l’Education Publique (COSYDEP), se ha celebrado con antelación a la Conferencia de financiación de la Alianza Mundial por la Educación (AME), programada para su celebración en Dakar del 1 al 2 de febrero de 2018.

Celebramos la llegada de la Conferencia de reabastecimiento financiero de la Alianza Mundial por la Educación (AME) y apoyamos con entusiasmo el objetivo establecido por la AME, que busca movilizar al menos 2.000 millones de dólares al año para 2020.

Tras nuestros debates, hemos adoptado esta declaración, que refleja las aspiraciones de la comunidad de las organizaciones de la sociedad civil, respecto a la implementación del ODS4:

1. Reafirmamos que la educación es un derecho humano fundamental que los estados deben dispensar de forma gratuita, a través de sistemas públicos inclusivos, transformadores de género y adecuadamente financiados. Por este motivo, la financiación de la educación pública y gratuita forma parte integral del derecho a la educación, y es una de las principales obligaciones de los gobiernos y la comunidad internacional. La AME debe garantizar que todo su trabajo va encaminado a reforzar el derecho a la educación.

2. Recordamos que la educación es fundamental para el logro de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de modo que, a no ser que veamos un cambio radical en la financiación de la educación que se dirija a los más marginados, las audaces ambiciones de la agenda ODS y, en concreto, las de la agenda ODS4/Educación 2030, continuarán estando desencaminadas, al menos en 50 años. La AME debe situarse al frente en la promoción de una financiación sostenible para toda la agenda ODS4. FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE LA EDUCACIÓN Jornada de la Sociedad civil Declaración de las Organizaciones de la Sociedad Civil Conferencia sobre el Financiamiento de la AME, Dakar Adoptada a 31 de janeiro de 2018 2

3. Pedimos a los gobiernos que honren su compromiso de no dejar a nadie atrás invirtiendo más recursos para abordar las desigualdades y las múltiples desventajas a las que se enfrentan las niñas y los niños con discapacidades; aquellos que viven en áreas remotas o barriadas; aquellos de comunidades de pastoreo o migrantes; así como huérfanos, refugiados, personas de minorías étnicas y el resto de grupos que sufren discriminación. En particular, es fundamental un enfoque en la igualdad de género para lograr el derecho a la educación para todos. Pedimos a la AME que fortalezca su apoyo a la agenda completa ODS4/Educación 2030, incluyendo la alfabetización y la educación de personas jóvenes y adultas, así como la educación de la primera infancia.

4. El derecho a la educación incluye obligaciones estatales e internacionales clave. Los marcos legales y políticos establecen que los gobiernos deben aumentar los recursos internos para llegar al menos al 4-6% del PIB, y el 15-20% de los presupuestos nacionales. Afirmamos que el 6% del PIB y el 20% de los presupuestos nacionales, deben considerarse los mínimos para los países en desarrollo. Bajo ningún concepto debe darse una regresión en términos de financiación de la educación; incluso en situaciones de dificultad económica o conflicto. Los gobiernos deben gastar sus presupuestos en educación con más sensibilidad respecto a la equidad, la igualdad de género, la inclusión y la calidad. La acción para garantizar que los presupuestos son transparentes y los fondos se controlan de forma independiente, con la implicación de la sociedad civil, puede ayudar a garantizar que los nuevos recursos se conviertan en realidad sobre el terreno. La ayuda bilateral y multilateral debe aumentar al 0,7% y al menos al 30% de la ayuda a la educación debe asignarse a apoyar los esfuerzos multilaterales, como la AME. Por su parte, la AME debe utilizar su influencia para garantizar que los gobiernos están dedicando al menos el 6% del PIB y el 20% de sus presupuestos a la educación, midiendo esto como un porcentaje del ingreso total (como es la práctica establecida) y no tras el pago de deuda, controlando esto en estrecha línea con el requisito del modelo de financiación de la AME.

5. La falta de impuestos adecuados y justos priva a los Estados de los recursos requeridos para financiar de forma sostenible una educación púbica gratuita y de buena calidad. Los flujos financieros ilícitos que se estiman en 50.000 millones de dólares al año, sólo en África, también minan la financiación de la educación, y son una forma sistemática de corrupción. Deben darse pasos concretos para erradicar la corrupción a todos los niveles. Los gobiernos deben invertir urgentemente en crear una base fiscal más progresiva y expansiva; evitar otorgar dañinos incentivos fiscales, y actuar para contrarrestar los abusos fiscales. Los ministérios de finanzas deben participar en debates estratégicos que vinculen la justicia fiscal con los asuntos educativos. La AME debe ampliar de forma explícita su enfoque en la financiación interna, mirando más allá de la partida presupuestaria, para abordar el tamaño del presupuesto gubernamental general, por ejemplo, utilizando el indicador de tasas de impuesto a PIB, y alguna forma de medición de lo progresiva que es la base fiscal. La AME debe unir su voz a la llamada creciente por un cuerpo democrático inter-gubernamental con los recursos necesarios para establecer y hacer cumplir reglas fiscales y con el poder de gravar los grandes ingresos depositados en paraísos fiscales.

6. Reconocemos que el sector privado se dirige cada vez más a los sistemas educativos públicos como mercados rentables, dejando potencialmente de lado a la ciudadanía como propulsora clave de la política, haciendo más dominantes a las corporaciones y las organizaciones privadas en la toma de decisiones políticas. Pedimos a las empresas que apoyan a la AME y la Coalición empresarial mundial para la educación, que se muestren inequívocos en su apoyo al fortalecimiento de sistemas públicos transparentes y se comprometan a estar al frente de prácticas progresivas en sus propios asuntos fiscales (incluyendo el reporte por países). La AME busca expandir la participación del sector privado, pero esto siempre debe estar centrado en reforzar los sistemas gubernamentales y la responsabilidad de la educación pública respecto a la ciudadanía nacional. La AME debe ser explícita en no apoyar escuelas privadas de pago, negocios educativos lucrativos, y cualquier reforma que pueda generar sistemas educativos estratificados o desiguales o una mercantilización de la educación.

7. La privatización de la educación está inextricablemente vinculada a un proceso de limitación del acceso al conocimiento de las clases elitistas. Este proceso está segmentado y condicionado por la capacidad de pagar y la riqueza relativa, tanto entre familias como entre países. En este proceso generalizado, la lógica impulsada por el mercado se expande a todas las esferas de la vida y aumenta las desigualdades a nivel mundial; de tal modo, la privatización de la educación representa una barrera crítica que mina las posibilidades de establecer órdenes políticos democráticos e igualitarios.

8. En línea con la prioridad de la estrategia AME 2020, la AME debe enfocarse más a profesionalizar a los y las docentes, a menudo mujeres, como el paso más importante hacia la mejora de los entornos de aprendizaje y la calidad de la educación. No deberían apoyarse planes de sector educativos que promuevan el uso de profesoras y profesores no cualificados o no formados, con salarios bajos, que degradan la profesión. Para que cada niña y niño esté en la escuela primaria, necesitamos 1,7 millones más de profesores, hombres y mujeres; 1 millón más solo en África, y deben ser profesionales bien formados.

9. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se aplican a cada individuo y a todos los países sin distinción, por lo que, invertir en la educación de niños y niñas migrantes, incluyendo refugiados y solicitantes de asilo, es una obligación primordial de todos los Estados anfitriones. Del mismo modo, la educación de niñas y niños desplazados es también una obligación de primer orden. La AME debe garantizar que cuenta con los sistemas para responder a los distintos desafíos relacionados con el logro del derecho a la educación en países frágiles y afectados por conflictos y asentamientos de emergencia, incluyendo países ocupados, y todos los contextos en los que el derecho a la educación está más en riesgo. La AME debe trabajar para garantizar que iniciativas como La Educación no Puede Esperar están en total armonía y, si es posible, integradas en la AME.

10. La AME debe continuar su importante enfoque en la equidad, garantizando que los patrones de exclusión, la mala provisión y la falta de logros, se controlan estrechamente en cada país y contexto. Existe la urgente necesidad de seguir más sistemáticamente los pasos dados para 4 ofrecer una educación inclusiva, en particular para los niños y las niñas con discapacidades. La educación de las niñas es una de las intervenciones más transformadoras que puede realizar un país, y todos los obstáculos a la matriculación, la progresión y el logro de las niñas debe articularse claramente y abordarse en los planes apoyados por la AME. Nunca antes hemos sido tan conscientes del devastador impacto de los conflictos, las crisis y las emergencias en la educación. Las niñas se enfrentan a barreras particulares, debido a varias formas de discriminación que se pronuncian durante los conflictos, incluyendo la violencia de género y el matrimonio prematuro. Garantizar que se recopile información creíble de forma desagregada, es un paso importante hacia el avance de la equidad.

Como sociedad civil, prometemos buscar incrementos, entre países donantes y en desarrollo, de la partida presupuestaria destinada a la educación, el tamaño general de los presupuestos, la sensibilidad de las asignaciones para la equidad, y el escrutinio del gasto, para garantizar que los presupuestos educativos se utilizan de forma completa y efectiva en la práctica. Reconocemos que tenemos un papel concreto que jugar en el seguimiento de promesas y en ofrecer una supervisión independiente de los presupuestos educativos. Pedimos a gobiernos y donantes que respeten la participación de la sociedad civil, que acaben con la criminalización de activistas por la educación y que se opongan al estrechamiento del espacio de la sociedad civil. Pedimos de forma específica a la AME que haga de la participación amplia de la sociedad civil y del respeto a los derechos humanos, requisitos absolutos en su modelo de financiación. Queremos renovar nuestra voluntad de continuar trabajando en el diálogo dentro de la Alianza Mundial por la Educación y todos los socios de la AME, para trabajar juntos hacia la realización completa del derecho a la educación.